La crisis que acucia a los ayuntamientos, sin dinero en la caja y con los proveedores haciendo cola para cobrar, podría dar lugar a nuevas formas de corruptelas encaminadas a cubrir los agujeros de las debilitadas economías municipales. En estos momentos, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Barbate investiga un supuesto caso de cohecho y extorsión que habría ocurrido durante la última legislatura del PSOE al frente del Ayuntamiento de Vejer y que ha acabado con la detención del antiguo responsable de Obras Públicas, Francisco Javier Gavira, y de un técnico municipal adscrito a su departamento. Ambos quedaron en libertad a la espera de ser citados por la jueza en calidad de imputados en los delitos de cohecho y extorsión. La investigación también salpica al exalcalde socialista Antonio Verdú y a su sustituto como número 1 de la lista del PSOE en los últimos comicios, Antonio Muñoz; unas elecciones que acabaron en debacle al obtener el PP una inesperada mayoría absoluta.
Los responsables del hotel V., que abrió sus puertas en 2008 en un edificio histórico del siglo XVI de la calle Rosario, aseguran que Gavira, en connivencia con el técnico municipal también detenido, condicionaron la aprobación de la licencia de apertura al pago de una serie de facturas municipales, que nada tienen que ver con la actividad del establecimiento hotelero. La empresa que gestiona dicho negocio tuvo que pagar 27.962 euros que se invirtieron en la nueva iluminación del campo de fútbol, una tarima flotante para la guardería municipal y varios arreglos en dependencias de la Policía Local. Las facturas por dichos trabajos, a nombre de la sociedad que gestiona el hotel, forman parte de las diligencias 206/10 que se instruyen en el juzgado barbateño.
Esa denuncia fue entregada por el edil de IU en la actual Corporación, José Antonio Bello, a la Fiscalía de Cádiz en enero de 2010. El Ministerio Público estudió el asunto y acordó denunciarlo en los juzgados competentes por existir indicio de delito el verano del año pasado.
Demora judicial
La saturación crónica de la Justicia es especialmente evidente en Barbate, donde los procedimientos avanzan a duras penas debido al volumen de trabajo ingente que ingresan los juzgados. Así, no fue hasta diciembre de 2010 cuando la jueza encomendó a la Guardia Civil que recabara pruebas que avalaran la denuncia.
El Instituto Armado concluyó su atestado el pasado 13 de septiembre; un día antes se habían producido las detenciones de Francisco Gavira y del técnico municipal de Obras Públicas, y eran citados a declarar como imputados el exalcalde Antonio Verdú y el que fuera su edil de Urbanismo, Antonio Muñoz. Éste último renunció a su acta de concejal el pasado mes de junio, tras producirse la derrota electoral.
Este periódico ha tenido acceso al atestado elaborado por la Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz. En él, los investigadores afirman, como hechos presumibles, que el exedil de Obras Públicas, en connivencia con el técnico municipal, presionaron a los responsables del hotel para que pagaran una cantidad, en concepto de facturas, para agilizar la aprobación de la licencia de apertura. La vinculación en el caso de Verdú se establece por que debía estar al tanto, según la investigación, del origen de un dinero para unas mejoras en los servicios públicos. A Antonio Muñoz le salpica la denuncia por ser la persona que concedió la licencia, dos meses después del pago de la última factura.
Tan solo el técnico declaró ante la Guardia Civil, aunque su testimonio se limitó a subrayar que no tiene competencias para decidir las fórmulas de pago y las obras que se ejecutan en el municipio. De la mayoría de las cuestiones aseguró no recordar la respuesta. El resto de implicados se acogió a su derecho a no declarar. Todos han quedado a disposición de la jueza instructora que deberá interrogarlos en breve.
